El Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) ha rechazado que Moscú deba compensar a Ucrania por los ataques de los separatistas prorrusos en Donbás entre 2014 y 2017, e indemnizar a las familias del vuelo MH17 de Malaysia Airlines derribado sobre esa región. Kiev acusaba al Kremlin de incumplir la normativa internacional de prevención del terrorismo, lo que indirectamente permitió el derribo del avión, el 17 de julio de 2014, que viajaba de Ámsterdam a Kuala Lumpur y fue alcanzado por un misil Buk de fabricación rusa lanzado desde la zona controlada por las fuerzas prorrusas en el este de Ucrania. Perecieron todos sus ocupantes: 298 personas.
Los jueces evitan hablar de una responsabilidad rusa en el ataque, pero sí ha entrado en la supuesta violación de algunos apartados de la Convención sobre la Represión de la Financiación del Terrorismo (adoptada en 1999 y promulgada en 2005). Consideran que el Kremlin violó este tratado porque no investigó los fondos recibidos por los separatistas prorrusos del este de Ucrania desde 2014. La institución considera, sin embargo, que no hay pruebas de que haya sostenido económicamente a esas milicias. Ucrania presentó en 2017 una demanda en este sentido, aduciendo que Moscú pagaba a esos grupos. Los jueces han ordenado a las autoridades rusas que investiguen las alegaciones ucranias.
Las víctimas del avión MH17 pertenecían a 10 nacionalidades, pero la mayor parte eran holandesas (196), por lo que los tribunales de Países Bajos asumieron el caso penal. En noviembre de 2022, los jueces holandeses condenaron a cadena perpetua a dos ciudadanos rusos, Serguéi Dubinsky e Igor Girkin, y al ucranio Leonid Kharchenko por los hechos. Otro encausado, Oleg Pulatov, también ruso, fue absuelto. Él estuvo representado por un abogado. Los otros no comparecieron y fueron juzgados en rebeldía.
Discriminación a los tártaros sí, pero no racial
La demanda denunciaba, además, la situación de los tártaros “y las comunidades de origen ucranio en Crimea”. En este apartado, Ucrania apeló a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (1965). El país quiere evitar que se erradique la lengua y cultura tártara, y la de la comunidad étnicamente ucrania de la península, bajo ocupación rusa desde 2014. El fallo aprecia “una violación de los derechos de los afectados, que no ven protegida la educación en lengua ucrania”, y pide que se apliquen las medidas adecuadas para revertir la situación. Sin embargo, los jueces también señalan que no hay pruebas de que los derechos de esta etnia “hayan sido vulnerados por Rusia por motivos raciales”.
Sí se ha señalado discriminación de líderes políticos tártaros “por sus ideas, incluida la prohibición de partidos y actividades, pero no por su etnia”. Según Joan E. Donoghue, presidenta del TIJ, los tártaros tienen derecho a ser protegidos, pero no se ha demostrado que estén siendo discriminados por motivos raciales. La discriminación es por motivos políticos, pero no por su etnia, según el fallo.
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Rusia niega que vulnerase la convención contra el terrorismo y que haya perpetrado abusos sistemáticos de derechos humanos en el territorio ucranio que ocupaba entonces.
Esta sentencia, de carácter vinculante, es la primera de las dos decisiones en manos del TIJ acerca del conflicto que enfrenta a Rusia y Ucrania desde hace una década y que ha desembocado en una guerra que dura ya dos años. Este viernes se espera que el mismo tribunal se pronuncie sobre las objeciones preliminares de Rusia a la competencia del TIJ sobre la demanda presentada por Kiev poco después de la invasión del 24 de febrero de 2022. En este caso, se alega que Rusia atacó Ucrania con el pretexto de que se estaba cometiendo un genocidio contra los habitantes de habla rusa y que, al utilizar la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio (1948) como excusa para la agresión, abusó de este tratado. Hace dos años, el TIJ dictó medidas provisionales exigiendo a Rusia que detuviese la invasión, pero fue desoído.
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