Ni inmunidad ni impunidad. Las tres juezas del Tribunal de Apelaciones de Washington han fallado de forma unánime en una contundente sentencia que Donald Trump no es inmune legalmente por los actos cometidos durante su presidencia. Rechazan así un recurso del expresidente contra una decisión en el mismo sentido de la jueza federal Tanya Chutkan. El expresidente está imputado en el caso penal de Washington por cuatro delitos por sus intentos de alterar los resultados de las elecciones de 2020, que perdió contra Joe Biden, unos actos que desembocaron en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. El expresidente aún puede recurrir al pleno del Tribunal de Apelaciones y, más adelante, ante el Supremo, que tendría la última palabra.
“A efectos de este caso penal, el expresidente Trump se ha convertido en el ciudadano Trump, con todas las defensas de cualquier otro acusado penal. Pero cualquier inmunidad ejecutiva que pudiera haberle protegido mientras ejercía como presidente ya no le protege contra esta acusación”, dice la sentencia de 57 páginas en su introducción. “Sería una paradoja sorprendente que el presidente, que tiene el deber constitucional último de velar por el fiel cumplimiento de las leyes, fuera el único cargo capaz de desafiarlas impunemente”, desarrollan las juezas en los fundamentos de la decisión. “No podemos aceptar que el cargo de la presidencia sitúe a sus antiguos ocupantes por encima de la ley para siempre”, dice en otra de sus frases.
En la vista ante el Tribunal de Apelaciones, a la que voluntariamente asistió Trump, su abogado llegó a defender que, a menos que el propio Congreso le condenase, el presidente debía gozar de inmunidad ante los tribunales para toda clase de delitos cometidos durante el ejercicio de su cargo. Incluso, si ordenaba a un comando especial asesinar a un rival político.
Las juezas sostienen que los supuestos esfuerzos del expresidente Trump por permanecer en poder a pesar de perder las elecciones de 2020 fueron, si se demuestran, un asalto sin precedentes a la estructura de gobierno estadounidense. “No podemos aceptar la afirmación del expresidente Trump de que un presidente tiene autoridad ilimitada para cometer delitos que neutralizarían el control más fundamental del poder ejecutivo: el reconocimiento y la aplicación de los resultados electorales. Tampoco podemos sancionar su aparente afirmación de que el Ejecutivo tiene carta blanca para violar los derechos de los ciudadanos individuales a votar y a que sus votos cuenten”, indica el fallo.
Hay un relativo consenso jurídico sobre una amplia inmunidad de los presidentes en ejercicio para ser imputados, pero Trump planteó la inmunidad de los expresidentes por acciones relacionadas con el ejercicio de su cargo, a menos que primero hayan sido sometidos a un proceso político (impeachment) y condenados. Trump fue absuelto por el Senado de incitar a la insurrección del 6 de enero de 2021 y sus abogados consideran que se le está acusando dos veces por los mismos hechos. Las juezas rechazan ese argumento señalando que las acusaciones son por distintos cargos y de distinta naturaleza, una política y otra penal. Nunca hasta Trump un expresidente había sido imputado, así que no hay precedentes judiciales al respecto.
La sentencia también rebate el argumento de Trump de que la falta de inmunidad penal someterá a los futuros presidentes a enjuiciamientos por motivos políticos tan pronto como dejen el cargo. Aunque Trump ha prometido una presidencia de venganza si vuelve a la Casa Blanca, las juezas recuerdan que los fiscales “tienen obligaciones éticas de no iniciar procesamientos infundados”. Además, recuerdan que existen salvaguardias adicionales para evitar acusaciones falsas, incluido el derecho a ser imputado por un gran jurado tras la constatación de indicios racionales de criminalidad.
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El fallo publicado este martes va más allá de rechazar a secas la pretensión de inmunidad del expresidente. Entre sus razonamientos jurídicos hay una carga de profundidad, pues las juezas sentencian que Trump vulneró sus obligaciones de hacer cumplir la ley en relación con las elecciones. “Este deber incluye seguir los procedimientos legales para determinar los resultados de las elecciones y garantizar que el poder ejecutivo recaiga en el nuevo presidente en el momento constitucionalmente designado. En la medida en que el expresidente Trump sostiene que el litigio posterior a las elecciones de 2020 que su campaña y partidarios persiguieron sin éxito implementó su deber de cuidar [de que se cumpla la ley], está en un error”, sentencian. “La supuesta conducta del expresidente Trump entra en conflicto con su mandato constitucional de hacer cumplir las leyes que rigen el proceso de elección del nuevo presidente. El público tiene un gran interés en el principio fundacional de nuestro gobierno de que la voluntad del pueblo, como se expresa en el voto del Colegio Electoral, determina quién servirá como presidente”, añaden.
La sentencia señala que la inmunidad del expresidente Trump rompería el sistema de separación de poderes al situarle fuera del alcance de los tres. “La inmunidad presidencial contra la acusación federal significaría que, en lo que respecta al presidente, el Congreso no podría legislar, el Ejecutivo no podría procesar y el Poder Judicial no podría revisar”, dice.
Las juezas también vuelven la mirada al caso Watergate para rechazar la pretensión de Trump de inmunidad casi absoluta. “La evidencia histórica reciente sugiere que los expresidentes, incluido el presidente Trump, no se han creído totalmente inmunes a la responsabilidad penal por actos oficiales durante su presidencia. El presidente Gerald Ford concedió un indulto completo al expresidente Richard Nixon, que ambos expresidentes evidentemente creyeron que era necesario para evitar la acusación de Nixon tras su dimisión”, dice la sentencia.
Ganar tiempo
A pesar de que el recurso del expresidente ha sido rechazado, sus abogados han conseguido de momento ganar tiempo. La jueza Chutkan ha aplazado indefinidamente el juicio, que estaba agendado para el 4 de marzo. Era la primera fecha en la que el expresidente iba a sentarse en el banquillo de los acusados en un caso penal de los cuatro en los que está imputado por un total de 91 delitos.
La jueza Chutkan ya rechazó en primera instancia archivar el caso por inmunidad en un duro auto en el que dijo que ser presidente “no confiere un salvoconducto de por vida para salir de la cárcel”. Los abogados de Trump recurrieron ante el Tribunal de Apelaciones de Washington, que es el que ahora rechaza su recurso. Normalmente, un recurso no paraliza la tramitación de un caso, pero en este caso sí lo hizo, porque lo que está en juego es la esencia misma de si el expresidente puede ser o no acusado y juzgado.
El fiscal especial Jack Smith pidió al Tribunal Supremo que tomase cartas en el asunto para ganar tiempo, pero los magistrados prefirieron que el caso siguiese su tramitación. Trump aún puede acudir al pleno del Tribunal de Apelaciones y si perdiese, apelar al Supremo, que previsiblemente aceptará el caso y tendrá que fijar una fecha para la vista oral. Todo eso retrasa el proceso. En paralelo, el Tribunal Supremo está analizando si Trump puede ser inhabilitado por insurrección. La vista oral del caso está prevista para este jueves.
Chutkan había fijado como fecha para el inicio del juicio el 4 de marzo de 2024, víspera del Supermartes, el día en que se eligen más delegados en las elecciones primarias para la presidencia. En el pliego de cargos de este caso, que supuso la tercera imputación de Trump, el fiscal lo acusa de cuatro delitos: conspiración para defraudar al Gobierno estadounidense, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción o intento de obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para violar derechos civiles. Trump sostiene que le robaron las elecciones, pero el fiscal no lo acusa por ese gran bulo sin fundamento, sino por sus actos para alterar el resultado e impedir la certificación de la victoria de Joe Biden.
Trump está tratando de retrasar sus casos penales mientras que el fiscal quiere sentarle en el banquillo ante un jurado antes de las elecciones de noviembre. Si Trump sale elegido mientras el caso de Washington está pendiente, podría ordenar al Departamento de Justicia que lo abandonase o tratar de autoconcederse un indulto.
El retraso del juicio de Washington deja la pista libre para el de su primera imputación, por las falsedades mercantiles en los pagos para ocultar escándalos en la campaña de las presidenciales de 2016 (uno de ellos a la actriz porno Stormy Daniels, para silenciar una supuesta aventura extramatrimonial).
Este está programado en principio ante un tribunal del Estado de Nueva York, durante cinco semanas a partir del 25 de marzo de 2024. Chutkan había hablado con el juez neoyorquino para avisarle de que quizá hiciese falta posponerlo si empezaba el juicio de Washington, pero ese ya no es el caso. Trump deberá volver a ese tribunal neoyorquino el 15 de febrero para una vista preliminar en la que se espera que se concreten los últimos detalles. Todo apunta a que el caso comenzará a tiempo. Los abogados de Trump y los fiscales han estado discutiendo los procedimientos de selección del jurado con el juez y a algunos testigos se les ha dicho que estén listos para declarar.
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