Caía la tarde del 27 de marzo pasado, que coincidía con el quinto día de ramadán, mes sagrado para los musulmanes. Varios vehículos con hombres armados llegaron a una mezquita de Kabul, capital de Afganistán, y detuvieron a Matiullah Wesa, de 30 años, conocido activista a favor de la educación. Este jueves, su hermano, Attaullah Wesa, ha anunciado la liberación del activista, que ha permanecido siete meses encarcelado sin que las autoridades del Emirato Islámico impuesto por los talibanes hayan aclarado de qué se le acusaba, según la familia. Un portavoz talibán se limitó a justificar el arresto el 29 de marzo por “actividades ilegales”. En todo este tiempo y desde todo el mundo, se habían acumulado peticiones para que fuera liberado.
Fuentes próximas al caso habían confirmado a este diario a principios de octubre que el reo había sido presentado ya cuatro veces ante un tribunal, aunque la justicia, basada en la sharía (ley islámica), no emitió veredicto alguno. En ningún caso, según aseguró entonces la familia, se le permitió contar con abogado defensor.
“No hemos recibido ninguna respuesta por parte de las autoridades directamente”, explicaba en octubre Attaullah Wesa, en una conversación telefónica. “Tampoco han compartido con la familia la información que suele compartirse de un prisionero”, añadió desde fuera de Afganistán, donde se encuentra refugiado después de que las autoridades trataran de detenerlo a él también. “No ha cometido ningún crimen. La inteligencia redactó informes con acusaciones falsas sobre él y los envió al tribunal. Incluso le hicieron firmar con la huella dactilar mientras permanecía con los ojos vendados. Fue obligado a realizar confesiones falsas”, denuncia Ataullah. EL PAÍS trató sin éxito obtener información sobre el caso por parte de las autoridades afganas.
Los talibanes han impuesto un régimen de terror sobre cualquier tipo de oposición, incluida la que reclama derechos humanos. En septiembre fueron detenidas, junto a varios miembros de sus familias, las defensoras de los derechos humanos Zhoila Parsi y Neda Parwani. Ante ese “arresto arbitrario”, “hago un llamado urgente a los talibanes para que los liberen inmediata e incondicionalmente”, reclamó el 29 de septiembre desde su cuenta de X (antes Twitter) Richard Bennett, relator especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos en Afganistán. La ONU ya había pedido en su día explicaciones al régimen de Kabul sobre la detención de Matiullah Wesa.
Los dos hermanos Wesa fundaron en 2009 la ONG Pen Path, que defiende el derecho a la educación de los afganos, especialmente en zonas remotas de Afganistán, incluso en aquellas en las que tradicionalmente predominaba el poder talibán. Su actividad se ha complicado especialmente desde que el Emirato Islámico se implantó en agosto de 2021 tras un periodo de dos décadas de ocupación militar extranjera. Al mes siguiente, esa dictadura prohibió la educación de las mujeres mayores de 12 años en un caso de restricción único en el mundo.
Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Suscríbete
Entre las iniciativas de Pen Path se encuentran las escuelas clandestinas frente a ese veto a la educación femenina, bibliotecas, escuelas móviles o campañas para romper el peso de la tradición y que las familias se mentalicen de la necesidad de que las niñas acudan también al colegio. EL PAÍS pudo acompañar al fundador de la ONG el año pasado a comprobar el impacto de esas escuelas móviles en Spin Boldak, una localidad de la región afgana de Kandahar fronteriza con Pakistán. “La educación pertenece al pueblo, no a los talibanes ni al Gobierno”, defendía entonces Wesa.
Matiullah Wesa se encontraba recluido en la prisión de Pul-e-Charki de la capital tras haber pasado previamente por los calabozos de los servicios de inteligencia, cuyos agentes le detuvieron. Sus familiares recibían de vez en cuando autorización para ir a visitarle. Las puertas de ese centro penitenciario, el mayor del país, fueron abiertas por los talibanes para dejar libres a sus internos nada más retomar el poder. Muchos de sus reclusos aquellos días eran talibanes detenidos durante las dos décadas de ocupación militar extranjera del país. En los últimos meses, en las celdas de Pul-e-Charki han caído activistas como Wesa, periodistas, defensores de los derechos humanos y, en general, todo tipo de opositores a la dictadura del Emirato.
Un refugiado afgano que formaba parte del entramado del poder hasta que llegaron los talibanes y tuvo que escapar, aunque mantiene hilos con los contrapesos del poder interno, consideraba que el caso de Wesa era una patata caliente en manos de las autoridades afganas. Entendía que, si algo le hubiera ocurrido al activista, habría habido repercusiones negativas para el régimen tanto a nivel interno como externo. La familia no ocultaba que, desde el principio, el Emirato había tratado de bloquear la presencia del caso en los medios.
Las escuelas clandestinas siguen funcionando
“Es muy duro ver en la cárcel a alguien que es el presidente de nuestra organización y con quien trabajaste durante años. Es muy duro trabajar sin estar él presente”, comentaba a principios de mes uno de los responsables de la ONG. En todo caso, Pen Path ha seguido funcionando estos meses pese al encarcelamiento de su fundador y a que su equipo está “amenazado” y “algunas de las actividades limitadas”, señalaba esa misma fuente, refiriéndose a esas actividades como “la lucha por nuestra causa”. “Pen Path también sigue hablando con los líderes tribales, aunque no como antes, y mantiene contactos con la diáspora afgana y otros afganos para resolver este problema”, añadía en respuestas enviadas a través de mensajes escritos y pidiendo no desvelar su identidad.
Ataullah Wesa comenta que han logrado mantener las escuelas clandestinas y las móviles, que llegan hasta pueblos sin colegios, remolcadas por una motocicleta dotada de un panel solar para obtener electricidad. Alrededor del vehículo, en medio de polvorientas explanadas, niños y niñas asisten a clase. En los últimos años, la ONG ha logrado crear 46 nuevos colegios y reabrir un centenar en 16 de las 34 provincias del país, algunas de ellas en las zonas más castigadas por la guerra.
Diferentes organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos habían reclamado la puesta en libertad de Wesa. La actriz y activista humanitaria Angelina Jolie le escribió una carta en agosto: “Sumo mi voz, con humildad, a la de todos los que piden su liberación, para que pueda continuar con su importante trabajo, así como el levantamiento de todas las restricciones a la educación de las niñas”. Jolie elevó, además, un llamamiento a sus más de 14 millones de seguidores en Instagram para apoyar a Wesa y Pen Path. Malala Yousafzai, activista paquistaní y premio Nobel de la Paz en 2014, tiroteada por los talibanes en 2012 por defender, como Wesa, el derecho a la educación, pidió su liberación nada más conocer su arresto.
“Hoy se cumplen 6 meses desde que los talibanes arrestaron arbitrariamente al activista por la educación Matiullah Wesa simplemente por protestar contra la prohibición de la educación de las niñas en Afganistán”, recordó el pasado 27 de septiembre en la red social X Amnistía Internacional, que mantenía desde marzo una campaña para su liberación.
Ese movimiento ha sido importante para que el mundo conociera el caso, afirmaba Ataullah Wesa, “pero no hemos recibido ninguna ayuda de ninguna organización en el pasado o en el presente”, lamentaba. “Está claro que el trabajo y las actividades de Matiullah Wesa y Pen Path son claros y bien conocidos. Y también que Wesa es uno de los mejores ejemplos de los que dependen los derechos humanos del país”, defendía su hermano.
“¿Su crimen? Una larga carrera defendiendo que todos los niños en Afganistán reciban una educación”, tuiteó el pasado julio refiriéndose a la detención de Matiullah Wesa la responsable de derechos de la mujer de Human Rights Watch (HRW), Heather Barr. “El daño de la guerra de los talibanes contra la educación se sentirá durante generaciones”, añadió. El último tuit de Wesa data del 26 de marzo pasado, la víspera de su detención. En un vídeo se ve a un grupo de mujeres voluntarias de la ONG Pen Path que reclaman con pancartas de cartulina el derecho a la educación femenina. En el texto, el activista escribió: “Hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, todo el mundo, desde todos los rincones del país, están reclamando los derechos islámicos a la educación de sus hijas”.
Sigue toda la información internacional en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.
Suscríbete para seguir leyendo
Lee sin límites
_