El Parlamento de Guatemala no logró seleccionar a los directores principales y suplentes que formarán parte del directorio de la próxima Superintendencia de Competencia, una entidad esencial para fomentar la competencia justa y evitar prácticas monopólicas en la nación. Aunque el tema estaba en el orden del día legislativo y se esperaba progresar en la elección de las autoridades, la reunión se terminó sin alcanzar consenso alguno.
Con este nuevo aplazamiento, suman ya varios intentos infructuosos por parte del Legislativo para cumplir con este mandato legal, lo que ha generado preocupación entre sectores económicos y sociales que reclaman transparencia, agilidad y responsabilidad institucional en el proceso.
El Congreso tiene la atribución de elegir a los cinco miembros del directorio —tres titulares y dos suplentes— de una nómina de candidatos previamente evaluados y enviados por la Comisión de Postulación, la cual llevó a cabo un proceso de selección que incluyó análisis de hojas de vida, entrevistas y revisión de tachas. El listado final incluye aspirantes con perfiles técnicos en economía, derecho y administración pública.
Sin embargo, la falta de consensos entre las distintas bancadas ha impedido avanzar en la votación. Durante la más reciente sesión, algunos legisladores abandonaron el pleno antes de que se iniciara la discusión del tema, lo que provocó que no se alcanzara el quórum necesario para llevar a cabo la elección.
La creación de la Superintendencia de Competencia fue aprobada en 2022 como parte de una reforma orientada a fortalecer el marco institucional económico del país y cumplir con compromisos internacionales, incluyendo requisitos de acceso a ciertos tratados comerciales. Este ente tendrá como funciones principales investigar y sancionar prácticas anticompetitivas, vigilar los mercados y promover condiciones equitativas para los distintos actores económicos.
No obstante, la falta de designación de su directorio ha impedido que la entidad pueda iniciar operaciones. Mientras tanto, se acumulan denuncias sobre posibles abusos de posición dominante en sectores estratégicos, lo que hace aún más urgente la entrada en funcionamiento de la Superintendencia.
Diversos participantes del sector privado y grupos civiles han expresado su preocupación por la paralización del proceso. Creen que este escenario no solo ralentiza el despliegue de un instrumento esencial para aumentar la competitividad, sino que además emite mensajes negativos a los inversores y deteriora la institucionalidad democrática.
Algunos legisladores han manifestado su intención de continuar las negociaciones para alcanzar acuerdos en la próxima sesión plenaria. Sin embargo, otros sectores advierten que existen intereses políticos que buscan obstaculizar la elección, ya sea por desacuerdos sobre los perfiles propuestos o por cálculos estratégicos relacionados con cuotas de poder.
La ley establece que el Congreso debe elegir a los integrantes del directorio mediante una mayoría calificada, lo cual exige una amplia articulación entre las diferentes fuerzas representadas en el hemiciclo. En los intentos anteriores, la falta de votos suficientes ha sido una constante, a pesar de que la nómina de candidatos ha estado disponible desde hace varios meses.
A medida que pasa el tiempo, aumentan las presiones internas e internacionales para que el Legislativo cumpla su responsabilidad constitucional y permita el inicio de operaciones de la Superintendencia de Competencia.
El país sigue sin una entidad independiente que proteja un entorno económico equitativo, dejando a consumidores y pequeñas empresas sin una defensa adecuada ante posibles prácticas injustas de grandes corporaciones. Esto refleja las dificultades estructurales que enfrenta el sistema político guatemalteco para tomar decisiones importantes, incluso en asuntos de interés común que podrían favorecer significativamente el progreso económico.
El desafío actual para los diputados es retomar el impulso legislativo y mostrar su dedicación hacia la renovación institucional. Elegir el directorio no solo implicaría cumplir con una obligación legal, sino también avanzar hacia un sistema económico más justo y claro.
