(CNN Español) — La justicia guatemalteca condenó este miércoles al expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) ya la exvicepresidenta Roxana Baldetti a 16 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y el caso especial de defraudación fiscal.
El Tribunal de Mayor Riesgo B de Guatemala impuso una condena de ocho años por cada uno de esos delitos. Tras el fracaso de estas milicias, ambas también deben donar algo más de 1 millón de dólares al Estado.
El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina hace un gesto antes de ser sentenciado durante una audiencia en el juzgado de la Ciudad de Guatemala el 7 de diciembre de 2022. (Crédito: JOHAN ORDONEZ/AFP vía Getty Images)
Las tres jueces del tribunal, sin embargo, los resolvieron por el delito de enriquecimiento ilícito. Ambos está en prisión desde 2015 y durante todo el juicio recuperó los cargos.
Al leer la sentencia, el tribunal dijo que encontró pruebas suficientes de que Pérez Molina y Baldetti habían sido condenados por un delincuente colorado que operaba en los puertos y supuestamente defraudaba al Estado por millones de dólares.
Tras conocer la falta, el exmandatario le dijo a CNN sentirse “frustrado y decepcionado” porque consideró que fue condensado sin pruebas. Por ello, adelantó que, junto a su equipo legal, presentará un recurso extraordinario para “limpiar” su nombre.
«No tener pruebas. Se están basando en llamadas de terceras personas”, dice Pérez Molina.
La exvicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti antes de escuchar su sentencia durante una audiencia judicial en Ciudad de Guatemala el 7 de diciembre de 2022. Credits: JOHAN ORDONEZ/AFP vía Getty Images
Por su parte, el exvicepresidente Baldetti también anunció que presentará un visto bueno porque considera injusta la falta. “Todos los recursos que tenga a la mano los voy a utilizar”, dijo el exempleado de CNN.
Críticas a la investigación
Las juezas criticaron el trabajo de investigación que realiza, en este momento, la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), creada en 2006 a pedido del gobierno guatemalteco en las Naciones Unidas. “En la acusación menciona la cantidad de evidencias, pero no todas vinculaban a los acusados. El trabajo de la Cicig dejó mucho que desear, fue morón”, dijo Janeth Valdez, presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B, durante la lectura de la la frase.
La disolución de la Cicig argumentó que la roja operaba a través de una línea telefónica específica que operaba dentro y fuera de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
El Ministerio Público y la Cicig han informado en este momento que fue necesaria la intervención de más de 66.000 llamadas telefónicas y miles de mensajes de correo electrónico para desarticular.
La Jueza Valdez también tomó en consideración la labor del Ministerio Público porque consideró que dejó en manos de los medios de comunicación la investigación del caso denominado La Línea, que se centró en una trama de contrabando en la Aduana guatemalteca. Los honorarios asignados al caso se niegan al respondedor que pregunta a CNN porque dice que no está autorizado.
Con información de Kiarinna Parisi. Novedades en desarrollo…
