El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) está trabajando en desarrollar una nueva Ley sobre Compras y Contrataciones del Estado, la cual tiene como fin actualizar los procedimientos de adquisiciones gubernamentales, mejorar la administración del presupuesto y reforzar la claridad en el manejo de los recursos del Estado. Esta propuesta será entregada en septiembre al presidente Bernardo Arévalo para su evaluación y, más tarde, será discutida con diversas entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil antes de llevarla al Congreso de la República para su consideración y aprobación.
Revisión de cantidades y procedimientos
Uno de los principales cambios que plantea la propuesta está relacionado con los techos de contratación. Según el diagnóstico elaborado por el Minfin, los montos actuales han perdido valor real debido a la inflación y al paso del tiempo. Por ejemplo, el límite de cotización establecido en Q900 mil desde 1992 equivale hoy a poco más de Q137 mil. De forma similar, el monto máximo de compras directas, fijado en Q90 mil desde 2009, representa actualmente alrededor de Q48 mil en términos reales.
Para subsanar esta distorsión, la propuesta contempla elevar el techo de cotizaciones hasta Q2 millones y el de compras directas a Q200 mil. De acuerdo con las autoridades, este ajuste permitirá agilizar las adquisiciones tanto de entidades gubernamentales como de municipalidades, reduciendo trámites administrativos y evitando retrasos en la ejecución de proyectos y servicios esenciales.
Claridad y poder ciudadano
El diseño de la nueva normativa también refuerza los mecanismos de control y supervisión pública. Todas las adquisiciones, independientemente de su monto, deberán registrarse en la plataforma Guatecompras. Asimismo, se mantendrán las licitaciones obligatorias para montos superiores a Q2 millones, asegurando competencia entre proveedores.
La iniciativa también contempla la mejora de la Subasta Electrónica Inversa (SEI), un recurso digital que facilita la obtención de precios más competitivos para productos y servicios estandarizados. Asimismo, se pretende suprimir las cláusulas de confidencialidad en los contratos gubernamentales, con el fin de asegurar el acceso público a los datos y promover la supervisión ciudadana.
El Minfin subraya que la nueva ley se construye con apoyo técnico internacional y mediante la comparación de marcos legales de países como Perú, Colombia, Costa Rica y República Dominicana. Esto con el fin de incorporar estándares internacionales que permitan mayor eficiencia en la contratación pública y una rendición de cuentas más efectiva.
Complementariedad con otras iniciativas
Simultáneamente con la modificación de la Ley de Compras y Contrataciones, el Congreso está revisando la propuesta 6576, denominada Ley para la Rapidez de la Inversión Pública. Este reglamento, de naturaleza específica y válida por un plazo de tres años, se enfoca en la realización de proyectos clave en sectores esenciales como la salud, la educación, el transporte, la seguridad y el suministro de agua.
De acuerdo con el Ministerio de Finanzas, las dos normativas se complementarán mutuamente. La legislación novedosa sobre adquisiciones actualizará el sistema general de compras, mientras que la propuesta 6576 facilitará agilizar inversiones particulares a través de métodos simplificados, contratación de proveedores del extranjero y acuerdos con entidades como la ONU, la UNOPS o el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos.
Entre sus disposiciones, esta iniciativa establece la obligación para entidades estatales, municipalidades y consejos comunitarios de desarrollo de publicar información detallada sobre proyectos, costos y avances en portales públicos. Asimismo, contempla la creación del Fondo de Ejecución de Inversión Estratégica (Fonives), administrado por el Crédito Hipotecario Nacional, encargado de manejar recursos nacionales e internacionales destinados a proyectos estratégicos.
Un esquema actualizado para la inversión estatal
El desarrollo de una nueva Ley de Compras y Contrataciones constituye un avance fundamental para ajustar la normativa actual a las demandas presentes del Estado. El aumento en los límites para cotizaciones y compras directas, acompañado del refuerzo en transparencia, tiene como objetivo equilibrar la eficiencia administrativa con la responsabilidad ante los ciudadanos.
Con estas reformas, el Ministerio de Finanzas aspira a crear un marco más ágil, confiable y moderno, que permita a las instituciones ejecutar proyectos con mayor rapidez, mientras se garantiza el uso correcto de los recursos públicos y se fomenta la confianza ciudadana en los procesos de contratación estatal.
