Estados Unidos libera a Alex Saab, supuesto testaferro de Maduro, a cambio de 10 estadounidenses presos en Venezuela

En una operación de alto calado diplomático que pone fin a un culebrón judicial de varios años, el Gobierno estadounidense liberó este miércoles al empresario colombo-venezolano Alex Saab, que estaba preso en una cárcel de Florida por su papel como presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Al final de la tarde, Saab y Maduro comparecieron juntos en Caracas con la plana dirigente chavista en un acto transmitido por televisión. “Estoy orgulloso de servir a este gobierno” declaró Saab, al que le dieron la bienvenida reservada a los héroes.

La liberación forma parte de un acuerdo por el que Washington obtiene a cambio el regreso de 10 estadounidenses presos en el país latinoamericano (seis de ellos “detenidos injustamente”, según la Casa Blanca) y la extradición de un criminal conocido con el alias de Fat Leonard, así como la liberación de 21 prisioneros políticos venezolanos, entre los cuales se cuenta Roberto Abdul, organizador de las primarias opositoras. En el pacto también se incluye la revocación de tres órdenes de arresto contra opositores del régimen de Maduro.

“Reunir a los estadounidenses detenidos injustamente con sus seres queridos ha sido una prioridad para mi Administración desde el primer día. Como lo es el regreso a Estados Unidos de prófugos de la justicia”, ha dicho el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en un comunicado.

Saab estaba preso en Miami desde el 2021, cuando fue extraditado tras su detención un año antes en Cabo Verde, en la costa noroeste de África. Estaba en busca y captura por delitos de lavado de activos, conspiración para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada.

Su liberación se concretó en el islote de Canoan, perteneciente a la república de San Vicente y las Granadinas, en el Mar Caribe, cuyo Gobierno es aliado de Venezuela. De ahí, Saab emprendió el camino hacia Caracas, adonde llegó por la tarde.

Maduro ―que agradeció al dar la bienvenida a Saab la ayuda Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora en la mesa de negociación, y al emir de Catar (“porque las gestiones formaron parte de la agenda de Barbados”, dijo)― había condicionado el diálogo político con sus adversarios al fin de la condena de Saab en Estados Unidos. “El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela celebra con júbilo la liberación y retorno a su patria de nuestro diplomático Alex Saab, injustamente secuestrado en una cárcel estadounidense”, expresaron las autoridades venezolanas en un comunicado difundido en redes sociales. “Hoy se rompe el eslabón de esta injusticia, que nos obliga a reafirmar la exigencia (…) para que cese de forma definitiva el criminal bloqueo que Estados Unidos impone contra todo el pueblo venezolano”.

Un alto funcionario de la Casa Blanca, que habló con la condición de mantener su anonimato, confirmó por la mañana que la operación de canje “estaba en marcha”, y que incluía, a cambio de ese “acto de clemencia con Saab”, la liberación de “seis ciudadanos estadounidenses detenidos fraudulentamente en Venezuela”. “Son todos”, añadió, “los que quedaban en esa situación en el país”. En el listado están Airán Berry y Luke Denman, presos en la cárcel de El Helicoide por participar en la fallida Operación Gedeón en 2020, un complot para derrocar a Maduro.

El pacto también incluye la extradición del estadounidense Frederick Leonard, más conocido como Fat Leonard (El gordo Leonard), que, dijo el funcionario, “ya está de camino a una prisión en suelo americano”, así como el compromiso del Gobierno de Nicolás Maduro de soltar a “veinte presos políticos venezolanos” de cárceles del país, y al líder opositor Roberto Abdul. Abdul es director de la ONG Súmate, desempeñó un papel esencial en el reciente proceso de primarias y fue detenido por los servicios de inteligencia de Maduro a principios de diciembre acusado de tener componendas con la multinacional petrolera Exxon Mobil en contra de Venezuela y en favor del Gobierno de Guyana.

Entre los liberados, figuran seis sindicalistas sentenciados por conspiración hace tres meses.

A Fat Leonard lo buscaban las autoridades por varios delitos de soborno en los que estuvo implicado la Armada estadounidense, como parte del caso de corrupción más sonado de su historia.

Fuentes de la Casa Blanca negaron que en el acuerdo se incluya nada relativo a las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de Maduro y parcialmente levantadas el pasado mes de octubre, cuando la Administración de Biden decidió aliviar una parte relativa al sector petrolero, del gas y del oro. Fue en respuesta al acuerdo político entre representantes del Gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición para respetar el calendario constitucional y celebrar elecciones en 2024. El levantamiento parcial se hizo en el caso del petróleo y el gas con carácter temporal, por un plazo de seis meses, y solo se renovará, advirtieron entonces en la Casa Blanca, si el Gobierno de Maduro sigue dando pasos para restaurar la democracia.

“Cuando hemos analizado el alivio de las sanciones, ha sido en el contexto de las negociaciones que están en curso con miembros de la Plataforma Unitaria y representantes de Maduro. Volveremos a esas conversaciones después de esto”, advirtió el alto cargo.

En la casilla de salida

Las elecciones primarias de la oposición de octubre provocaron una reacción airada del chavismo. Además de la detención de Abdul, fueron acusados judicialmente Henry Alviarez, Pedro Urruchurtu y Claudia Macero, todos ellos activistas, miembros del comando de Vente Venezuela y muy cercanos a la candidata opositora María Corina Machado, ganadora de las elecciones internas. El intercambio de prisioneros y la liberación de Abdul coloca las cosas de nuevo en la casilla de salida.

El Gobierno de Estados Unidos sigue esperando por una respuesta afirmativa del chavismo en el caso de las inhabilitaciones políticas. Tanto Machado como Washington interpretan que Maduro ha sido complacido en todas sus exigencias y que no le quedan excusas para no aceptar medirse con la oposición en unas elecciones limpias y verificables.

La operación, fruto de “muchos, muchos meses de negociaciones”, afirmó un funcionario de la Casa Blanca, demuestra, argumentó, el “compromiso inquebrantable de Biden y del secretario de Estado, Antony Blinken, por buscar un camino hacia un futuro mejor y más democrático para el pueblo de Venezuela”.

Saab fue detenido en Cabo Verde el 12 de junio de 2020 y extraditado a Florida, en donde le esperaba un juicio por presunto lavado de dinero relacionado con el Gobierno de Venezuela.

En 2019, este antiguo colaborador de Maduro fue incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro de EE UU junto con socios y familiares que forman parte de una presunta estructura de corrupción. Ese mismo año, en Colombia le imputaron delitos de lavado de activos, y desde 2018 estaba prófugo de la justicia de su país de nacimiento. En México también han investigado sus negocios.

En Florida, la defensa de Saab trató de demostrar que este gozaba de inmunidad diplomática. Su estrategia legal se basó desde su detención en hacer ver que era un “enviado especial” del Gobierno venezolano y que, por eso, su arresto había sido ilegal. Ante lo cual, la fiscalía aportó para desmontar la defensa del acusado una serie de pasaportes y otros documentos supuestamente falsificados por funcionarios chavistas para aparentar que era un representante diplomático nombrado por Caracas.

Durante el proceso, también quedó demostrado que Saab fue contratado en secreto por la DEA (Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, por sus siglas en inglés) en 2018 para colaborar con la Administración estadounidense y aportó información sobre los sobornos que pagó a cargos del régimen venezolano, según consta en documentos judiciales.

Cuando fue detenido, el régimen de Nicolás Maduro calificó el arresto como un “secuestro en complicidad con las autoridades de Cabo Verde, quienes lo torturaron y mantuvieron prisionero arbitrariamente durante 491 días, sin orden de captura ni debido proceso”. Esa información la atribuyeron a la familia del empresario.

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