El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala ha respondido a las afirmaciones que asociaban al país con el concepto de «tercer país seguro» en el contexto de un reciente pacto con Estados Unidos. Según el canciller, dicho acuerdo no significa que Guatemala deba proporcionar asilo o refugio directo a migrantes detenidos en suelo estadounidense. El convenio, destacó, se enfoca en mecanismos de cooperación migratoria bajo ciertas condiciones humanitarias y considerando las capacidades del país.
La aclaración surge luego de que se conociera que Guatemala firmó un memorando de entendimiento con Estados Unidos, mediante el cual se compromete a recibir a ciertos migrantes considerados especialmente vulnerables. No obstante, las autoridades guatemaltecas fueron enfáticas en señalar que este instrumento no se traduce en la adopción de compromisos similares a los de un país que oficialmente actúa como receptor alternativo de solicitantes de asilo que buscan protección en EE. UU.
El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala afirmó que esta colaboración busca ofrecer apoyo temporal a grupos específicos, tales como mujeres gestantes, menores no acompañados, individuos con enfermedades críticas o víctimas de tráfico humano. Según el gobierno, es una medida específica con un enfoque humanitario, realizada en total cooperación con entidades internacionales como ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Además, se mencionó que los migrantes que eventualmente arriben a Guatemala bajo este programa no se quedarán de manera permanente, sino que estarán sujetos a mecanismos de atención y protección que incluyan opciones como la reunificación familiar, la reubicación en otros países o el retorno asistido. En consecuencia, la medida no pretende crear un sistema de refugio permanente, ni asignarle a Guatemala la función de ser el destino final para quienes pidan asilo en Estados Unidos.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se subrayó que la nación carece de la infraestructura y los recursos necesarios para enfrentar un flujo migratorio de gran magnitud, y que cualquier medida de esta naturaleza será considerada respetando la soberanía nacional, la capacidad institucional y los acuerdos internacionales actuales. Las autoridades señalaron que el pacto está más enfocado en una colaboración técnica y de ayuda humanitaria, en lugar de una reforma de su política migratoria.
El asunto ha provocado opiniones opuestas dentro de la nación. Distintos grupos sociales han manifestado preocupación ante la chance de que se implementen modelos usados en otras naciones del área, que han sido compelidas a recibir migrantes bajo políticas migratorias restrictivas impulsadas por Estados Unidos. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han solicitado más claridad sobre los términos del convenio, y han alertado sobre los peligros de criminalización, falta de protección y saturación en refugios si no se asegura un cuidado apropiado.
Por su parte, las autoridades guatemaltecas defendieron la necesidad de mantener una relación fluida con Estados Unidos en materia migratoria, dado el alto número de connacionales que intentan llegar a ese país cada año, así como la importancia estratégica de los flujos de remesas para la economía nacional. Reiteraron que cualquier programa de cooperación deberá contar con apoyo técnico y financiero, además del acompañamiento de agencias internacionales especializadas.
El Ejecutivo también informó sobre la formación de una comisión interinstitucional para supervisar el desarrollo del convenio y coordinar la asistencia a los migrantes que puedan ingresar al país de esta manera. Se espera que este grupo incluya a delegados de los ministerios de Relaciones Exteriores, Gobernación, Salud y Bienestar Social, así como a organismos internacionales de cooperación y representantes de la sociedad civil.
En este marco, Guatemala reafirma su respeto hacia los derechos humanos y su compromiso con una migración segura y ordenada, mientras fija límites claros respecto a sus responsabilidades en acuerdos internacionales, procurando evitar la imposición de convertirse en receptor principal de solicitudes de asilo que no pertenecen a su jurisdicción original.
